Gobierno anuncia que preparará un reglamento que regule la objeción de conciencia tras dictamen de la Contraloría

"No compartimos la decisión, pero (...) acatamos el dictamen", dijo la vocera Cecilia Pérez.


La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció  que el Ejecutivo preparará un reglamento para regular la objeción de conciencia, luego de que la Contraloría  señalara que el protocolo de  objeción de conciencia no se ajusta a derecho.

“Anunciamos que a la brevedad prepararemos un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo”, dijo la secretaria de Estado.

“Como gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos al estado de derecho y con el rol que le corresponde a las instituciones del país acatamos el dictamen”, añadió.

En esa línea, dijo que “el protocolo que dictó este gobierno y también el que dictó el gobierno anterior se fundó en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo”. “Asimismo, en cuanto al fondo de la decisión, nuestra posición se fundó en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional”, agregó.

“Nuestro protocolo buscaba compatibilizar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia  con la protección del derecho de las mujeres que requieren el acceso a presentaciones del sistema de salud”, aseguró Pérez.

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Brecha de camas: 674 pacientes esperan a diario un cupo para ser hospitalizados

Los centros más complejos del país amanecen con una fila de hasta 49 personas que necesitan internarse. Los recintos ya copados gestionan altas médicas, traslados a clínicas e internaciones domiciliarias para atenderlos.


Las noches son largas en las principales urgencias del país. Y transcurren entre heridos por hechos de violencia, lesionados en accidentes de tránsito y pacientes con enfermedades crónicas agravadas o cuadros fulminantes. Así, mientras el primer desafío es atenderlos oportunamente, con las primeras luces del día el reto puede ser incluso mayor. Todo depende de una ecuación, que se alista a las 8.00 en todos los recintos de la red pública: cuántos pacientes quedaron en fila para ser hospitalizados y cuántas camas hay disponibles para atenderlos.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Salud, que analizó la situación de los 27 hospitales más complejos del país, a diario un promedio de 674 pacientes amanecen en las urgencias con orden de hospitalizarse. El panorama alcanza un peak en los meses de invierno, cuando casi mil personas aguardan hasta que se habilite una cama.

Se trata de una espera que en un 80% de los casos dura menos de 12 horas, pero que en el resto se supera ampliamente y puede llegar, en casos críticos, a tres días.

“Un 20% debe esperar más de 12 horas antes de ingresar a una unidad de hospitalización definitiva. Esta cifra revela el grupo de pacientes en espera de camas, sin embargo, no refleja lo extenso de la espera, la que en muchas ocasiones puede prolongarse más tiempo (…). La espera para hospitalización definitiva es hoy uno de los problemas más críticos que afectan a la población y al sistema de atención hospitalario en su totalidad”, afirma el análisis, que consta en los documentos de traspaso que se entregaron a la actual administración.

El estrecho margen entre las camas que diariamente se necesitan y las que se desocupan responde al déficit estructural que afecta al país.

En 2006 existían 27.623 cupos, que fueron disminuyendo por diferentes causas, principalmente por el terremoto de 2010, que las bajó a 25.081. Actualmente, las 26.756 unidades disponibles representan una tasa de 2,14 camas por mil habitantes, es decir, la mitad del promedio de 4,68 de los países Ocde y muy por debajo de Japón, que cuenta con 13 cupos por cada mil personas. “Hay una brecha enorme. Lograr subir un punto significa generar 17 mil camas, es muy difícil. Pero estamos mejorando, porque partimos con 1,8 por mil habitantes y este año estamos dejando 1.379 camas más que las que recibimos, principalmente críticas y de agudos. Pero el número que hay ahora es el que había antes del terremoto, nos demoramos ocho años en recuperarlas”, explica la exsubsecretaria de Redes Asistenciales Gisela Alarcón.

Según el reporte del Minsal, los casos más complejos se dan en la Región Metropolitana, con hospitales como el Barros Luco, donde a diario un promedio de 49 personas requieren ser internadas. Le siguen los recintos Padre Hurtado y San Juan de Dios, con 47 pacientes enlistados.

El director de este último recinto, Juan Kehr, indica que de las personas que diariamente necesitan hospitalización, la mitad ingresa en menos de 12 horas. Sobre el resto, dice que “hay pacientes que pueden estar un día, algunos pueden estar dos días y esos son los plazos máximos. Eventualmente, pudiera haber una situación excepcional, pero esos vienen siendo ya casos raros, en los cuales podemos tener un paciente tres días esperando, pero esa es una situación que no debe producirse”.

En el resto del país, los centros con más demanda de camas son el Grant Benavente de Concepción, el Hospital de Temuco y el Gustavo Fricke de Viña del Mar (ver infografía).

El diagnóstico de la cartera, que plantea, además, la necesidad de rediseñar el proceso de atención de las urgencias, admite que en la espera ocurren situaciones que exponen a los pacientes: “Existen camas o camillas en los servicios de urgencia ocupadas con pacientes de diversa complejidad y en número variable, que se encuentran en proceso de espera de hospitalización definitiva. Estos pacientes, que esperan por una cama hospitalaria, permanecen en el servicio de urgencia en diversos espacios físicos disponibles. Desde la mirada de procesos, la atención clínica de estos pacientes no asegura el cumplimiento del estándar de atención de acuerdo a nivel de cuidado, y afecta seriamente la dignidad del paciente, aumentando el riesgo de ocurrencia de eventos adversos asociados a la atención clínica”.

La demora para conseguir un cupo de hospitalización constituye uno de los reclamos más recurrentes entre los usuarios de la red pública. La mañana del pasado viernes, por ejemplo, en el Hospital Barros Luco se repetían similares testimonios entre los familiares que aguardaban.

“Llegamos con mi mamá anoche, a las 22.00, por una de sus crisis, porque tiene fibrosis pulmonar muy avanzada. Llevamos 13 horas esperando, sigue en urgencias y aún no la han hospitalizado”, dice Roxana González.

Ángela Mora relata una experiencia similar: “A mi tía, de 81 años, que tiene alzhéimer, el martes le dio un accidente cerebrovascular. Llegamos a urgencias y luego de ocho horas la ingresaron, pero quedó en una camilla en un pasillo. Aunque la amarraron, igual era peligroso, porque se pudo haber caído. Por lo que supe, recién a la 1.00 del miércoles, después de 15 horas, la hospitalizaron”.

Esta espera, además, tiene efectos sanitarios: Salud ha medido que los pacientes que no son ubicados rápidamente en el servicio que corresponde, tienen hospitalizaciones más largas y más complejas, por no haberse anticipado el daño.

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Cadem: Piñera alcanza un 60% de aprobación y un 75% está de acuerdo con la nueva política de migración

Un 85% de los encuestados apoyó la idea de implementar mayores restricciones para el ingreso de inmigrantes, mientras que un 13% cree en mantener una política de puertas abiertas.


De acuerdo a la última medición de la Encuesta Cadem, el Presidente Sebastián Piñera alcanzó un 60% de aprobación, es decir, aumentó cinco puntos respecto a la semana anterior. En tanto, su desaprobación llegó a un 25%, una disminución de dos puntos.

En esta edición -que corresponde a la segunda semana de abril-, se midió la nueva política de inmigración presentada por el gobierno el lunes 9, la que fue considerada como la principal noticia de la semana por un 59% de los encuestados.

Entre ellos, un 75% se mostró de acuerdo con los anuncios del gobierno, mientras que un 17% estuvo en de acuerdo.

En esa línea, un 46% consideró positiva la llegada de inmigrantes al país y un 85% apoyó la idea de implementar mayores restricciones para su ingreso, a diferencia del 13% que cree en mantener una política de puertas abiertas.

Así, un 92% se mostró de acuerdo con que se establezca un periodo de 90 días para que los migrantes en Chile regularicen su situación, mientras que un 89% apoya que los extranjeros soliciten una visa en su país de residencia antes de venir a trabajar a Chile. Respecto a las visas especiales, un 71% apoya la creación de una visa de turismo de 30 días para haitianos, y un 66% está de acuerdo con la creación de una visa de responsabilidad democrática para venezolanos.

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