Como nunca antes, existe la oportunidad histórica de tener una nueva Constitución formulada democráticamente en Chile, a través de una Convención Constitucional paritaria que incluye escaños reservados del pueblo mapuche. La nueva Constitución puede abarcar disposiciones constitucionales transitorias que faciliten y ofrezcan un marco a la acción de los poderes constituidos para desarrollar y llevar a cabo el tan esperado y necesario diálogo entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche.
Recientemente, el 27 de julio último, los rectores y autoridades regionales de siete planteles universitarios de la Región de La Araucanía, más el obispo de Temuco, emitieron la propuesta “Araucanía: Urgencia de diálogo como política de Estado”, llamando “a un proceso de diálogo que permita reparar y reconstruir las relaciones entre el pueblo mapuche, la sociedad chilena y sus instituciones”.
En ella se hace un llamado a las distintas autoridades del Estado de Chile y del pueblo mapuche, así como a la sociedad chilena en su conjunto, a sumarse en forma activa en la búsqueda de transformaciones pacíficas para superar los problemas que afectan a estos territorios, sugiriendo que el Centro Nansen para la Paz y el Diálogo, con sede en Noruega, “convoque, en forma independiente y neutral, a los distintos actores de la zona para la construcción de una hoja de ruta que pueda contener todos los temas que sean determinados de acuerdo al desarrollo gradual del proceso”.
Es parte de la columna de Opinión del Doctor en Derecho Constitucional, Académico de la Universidad de La Frontera Raúl Allard Soto, quien fuera nombrado este lunes como el Delegado Presidencial en la Araucania por el Presidente electo Gabriel Boric. Allard Soto nació el 28 de diciembre de 1975 en Puerto Saavedra. Posteriormente cursó estudios de leyes en la Universidad Católica de Temuco y periodismo en la Universidad de La Frontera. En 1999 fue delegado mapuche ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.
dentro de su perfil academico cuenta con ser Abogado licenciado de la Universidad de Chile; Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Magíster en Salud Internacional del Instituto de Salud Carlos
III, de España. Director de Calidad Académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Empresariales (2016-hasta la fecha) de la Universidad de La Frontera. Profesor de
Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la carrera de Derecho de la
UFRO y de “Legislación Farmacéutica” en la Carrera de Química y Farmacia (a partir del
año 2020) de la UFRO. Director del Departamento Jurídico del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes (2005-2009); Abogado del Instituto de Salud Pública de Chile (1997-
2005). Es Investigador Fondecyt (2015-2017), en el tema: “La colisión de derechos en
Tratados Internacionales y su impacto en el acceso universal de medicamentos
esenciales en Sudamérica”. Además, cuenta con 8 publicaciones en revistas indexadas.
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Administrativas,
Universidad de La Frontera.
En tanto en la provincia de Malleco fue nombrado Leandro Reyes Sanhueza
