
Luego de 149 años de vigencia, la actual Ley de
Usurpación será reemplazada por el proyecto que esta tarde se aprobó en la Cámara Alta
tras más de 1.200 días de tramitación, perfeccionando así la normativa que data de 1874,
y entregando herramientas que permitirán enfrentar de forma eficaz un ilícito que se ha
duplicado en los últimos cuatro años.
El hecho fue calificado como un “hito histórico para el país” por la Senadora del Partido
Republicano y una de las autoras del proyecto, Carmen Gloria Aravena, por tratarse de un
cuerpo legal que nunca había sido modificado y que a juicio de la parlamentaria está
obsoleto.
En lo medular, la propuesta sanciona con penas privativas de libertad el delito de
usurpación (que pueden llegar hasta 5 años), elimina el plazo de flagrancia y facilita la
detención de los ocupantes ilegales. A su vez, permite la restitución anticipada del
inmueble ocupado, ya sea durante la investigación del delito como al presentarse la
demanda civil. También autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la
persecución de las usurpaciones.
Al respecto, la legisladora por La Araucanía destacó la relevancia que tiene el cuerpo legal
aprobado, “ya que va a transformar en delito lo que hasta ahora, y durante un siglo y
medio, fue considerado una simple falta que implicaba sólo multas en dinero para los
infractores”. En la misma línea, la Senadora Aravena remarcó que este sólo hecho va a
contribuir a inhibir la comisión de este tipo de delitos, porque no será gratis cometerlo”.
Otro aspecto que realzó la legisladora fue que desde ahora la flagrancia será permanente
y no sólo por un corto período de tiempo como ocurría hasta aquí, “lo que por un lado,
permitirá detener a los usurpadores en cualquier momento y detenerlos, facilitando con
ello la recuperación del bien ocupado ilegalmente”.
“Esta norma irá en directo beneficio de las miles de personas que en la actualidad se están
viendo afectadas por un delito que se viene incrementando con fuerza, y que afecta
también, con particular recurrencia a los habitantes de mi región, debido al actuar de las
orgánicas radicales en La Araucanía. Además, permitirá enfrentar al crimen organizado
que ha hecho de las tomas de terrenos un verdadero negocio ilícito asociado al loteo ilegal
a partir del cual estafan a muchas personas ofreciendo esos terrenos”, puntualizó la
Senadora Aravena.
La legisladora recordó que costó mucho sacar adelante esta iniciativa y la extensa
tramitación que se dio hasta su aprobación, con más de 1.200 días en el Congreso. “Es tan
importante esta norma para la ciudadanía, que sería una irresponsabilidad tremenda que
el gobierno impida su despacho y promulgación, vetando la norma o enviándolo al
Tribunal Constitucional. Los chilenos no entenderían que el Ejecutivo se salte la voluntad
democrática del Congreso y el principio de representatividad, bloqueando una norma
clave para frenar las usurpaciones. De hacerlo, La Moneda y el Presidente de la República
le tendrán que dar una buena explicación al país y a las víctimas de este delito, ya que la
señal será que el Ejecutivo avala las usurpaciones”, concluyó la Senadora Aravena.